CCOO de Industria | 19 abril 2024.

Mutuas: La imposibilidad de aprobar sus cuentas y presupuestos

    El secretario de Salud Laboral de CCOO de Industria rechaza en este artículo el papel que vienen jugando las mutuas de accidentes de trabajo y exige que se las investigue, tal y como se ha hecho con las cajas de ahorro. Ángel Muñoa recuerda, ahora que ha llegado el momento de votar sus cuentas de resultados y sus presupuestos, que la defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras impone rechazar su gestión.

    06/06/2017.
    Ángel Muñoa

    Ángel Muñoa

    La única ocasión en la que se requiere el voto de los integrantes de las comisiones de control y seguimiento de las mutuas, entre los que se encuentra CCOO, es cuando se votan las cuentas de resultados y los presupuestos, algo que ya está ocurriendo en las veinte entidades que existen. En este sindicato se nos hace extremadamente difícil aprobar una gestión en la que las mutuas aparecen ante los trabajadores y trabajadoras como entes destinados a “reparar” cuanto antes los daños causados en el trabajo para que la mano de obra esté disponible, al margen de que hayan recuperado su salud.

    Se anteponen los criterios económicos, según los cuales cuesta mantener un proceso de baja, más que la recuperación plena de la persona. En muchos casos se extiende el alta por “mejoría que permite trabajar”, sin garantizar que la persona ha recuperado plenamente sus facultades para el trabajo.

    La composición de las comisiones de control impide cambiar esta situación. Los sindicatos no somos favorables a cómo se ha articulado el modelo del mutualismo empresarial y cómo se han ido incrementando sus competencias y facultades. Más cuando la vigente ley reguladora del sector se hizo en 2014 sin acuerdo ni participación.

    Las mutuas hoy tienen plenas competencias en accidentes y enfermedades profesionales y avanzan cada vez más en la gestión de enfermedades comunes, invadiendo un espacio que les debería ser ajeno, e incitan a las empresas a operar al límite de la normativa en detrimento de la salud de los trabajadores y trabajadoras para obtener resultados económicos, con independencia de los fines para los que estuvieron concebidas.

    Las recomendaciones para generalizar la doble actividad, las vacaciones anticipadas, el subregistro de accidentes, y las dificultades para mantener la incapacidad temporal aunque sea contra el criterio de los médicos del sistema público de salud, son algunos de los artificios encaminados a reducir los datos reales de siniestralidad.

    No olvidemos que ya este año se aplicará el RD 231/2017 que regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera "objetiva" la siniestralidad laboral (simplemente cifras con independencia de la manera en que se han obtenido). Es decir, que la empresa que obtiene un determinado índice se puede beneficiar de un retorno de cuotas sin que se entre a evaluar si ese índice se ha obtenido por inversiones en prevención, por la mera suerte o azar o, lo que es peor, como consecuencia de la ocultación de los accidentes de trabajo.

    Este modelo de “bonus” permite también que la mutua que gestiona la solicitud pueda “pactar” con la empresa beneficiada un porcentaje de lo obtenido con el retorno de cuotas para el patrimonio privativo de las mutuas. El gobierno del PP, para asegurar que no pueda controlarse adecuadamente la gestión de los “bonus”, elimina en el decreto la participación activa de la representación de los trabajadores y trabajadoras y se relega a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

    La defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras impone rechazar esta gestión.

    Pero, además, la continua evidencia de un comportamiento inmoral de una parte de la alta dirección de estas entidades mutualistas refuerza el rechazo a aprobar sus cuentas y presupuestos. No solo se oponen a devolver a la Seguridad Social pública los 142 millones de euros en gastos indebidos realizados entre 2006 y 2011 detectados por la Intervención General de la Seguridad Social en sus auditorías, que sin duda serán incrementados cuando se fiscalicen los años posteriores, sino que además rechazan devolver las indemnizaciones que se han otorgado a altos directivos a punto de jubilarse o que cesan su actividad.

    En estos años se han manifestado 12 situaciones de este tipo, en algunos casos indemnizaciones de más de 500.000 euros en Mutua Universal, FREMAP y MC Mutual. Indemnizaciones pagadas a cargo de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios por accidentes y enfermedades que pagamos en un modelo solidario de caja única de la Seguridad Social para responder a los estados de necesidad que se generan, en este caso por daños derivados del trabajo. Son pues cuotas de Seguridad Social que son ingresos públicos y acaban en “bolsillos privados” para fines para los que no fueron recaudadas.

    La defensa de la salud de los trabajadores y trabajadores impone, además de rechazar esta gestión privada, exigir que se investigue a las mutuas tal y como se ha hecho en las cajas de ahorro.

    CCOO de Industria está comprometida en la reversión de la actual situación:

    Es evidente que hay que retornar a la gestión pública las prestaciones de Seguridad Social, es decir, que sea realizada desde lo público y por empleados públicos. Este modelo de asistencia es mucho más eficaz, en contra de la propaganda ideológica que defiende el sistema de colaboración privada con recursos de cuotas, concesiones, cesiones, conciertos u otras fórmulas que dan entrada a intereses privados en los tratamientos de la salud. El fracaso de los modelos que el PP impuso en Madrid y Valencia así lo atestiguan.

    No hay que olvidar que el patrimonio histórico, aunque sea propiedad de la mutua, sólo puede destinarse a servicios de colaboración con la Seguridad Social (las mutuas gozan del privilegio de exención fiscal) y que el resto de sus medios asistenciales son patrimonio de la Seguridad Social, puestos a su disposición para que colabore con ella.

    Obviamente esta transición de lo privado a lo público debe asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo de los empleados y empleadas del sector y asegurar las prestaciones y garantías asistenciales existentes.

    Con esta perspectiva debe contemplarse la propuesta sobre absentismo realizada por CCOO y UGT a CEOE y CEPYME que indica que “a tal efecto consideran necesario que los servicios, instalaciones, recursos humanos y medios tecnológicos de las mutuas puedan ser puestos a disposición de los sistemas de salud, de manera que permitan anticipar los procesos de recuperación y rehabilitación”.

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